El grupo popular en el Ayuntamiento de Dúrcal ha afirmado que es completamente “inadmisible” que la Junta de Andalucía ampare y solape las obras, a todas luces ilegales, de la piscina municipal que se está construyendo junto al colegio Nuestra Señora del Carmen en el municipio.

El portavoz local del PP, José Pazo, señaló que las declaraciones de la delegada de Turismo y Deporte, Sandra García, defendiendo la legalidad y seguridad de las obras “denota” una clara “complicidad” entre instituciones socialistas, en este caso, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Dúrcal.

En este sentido, recordó a la delegada del PSOE que la “alarma gratuita” se produce “cuando los padres y madres ven cómo una grúa de varias toneladas pende sobre el edificio donde sus hijos reciben clase cada día”. Así, apostilló que las declaraciones de García muestran una “insensibilidad y falta de comprensión” hacia estos padres y madres.

Pazo denunció, por otro lado, que la delegada ignore abiertamente las denuncias de la Junta Personal Docente que cuestiona la legalidad de las obras y afirma que se ha reducido considerablemente el espacio destinado al recreo de los escolares. “Para la Junta Docente es un grave riesgo la existencia de esta grúa para la seguridad de los alumnos, pero al parecer la delegada de Turismo no es de la misma opinión, como tampoco lo fue en su día la delegada de Educación, ante quien se denunció la irregularidad en diciembre pasado”, recriminó el portavoz local del PP de Dúrcal.

Por su parte, el diputado provincial del PP Antonio Granados reiteró que la delegada de Educación “no puede hacer la vista gorda” ante las “flagrantes” irregularidades que presentan las obras. “Se están haciendo sin los permisos necesarios y en horario lectivo, de lo que es responsable principal el alcalde de Dúrcal porque es el Ayuntamiento quien pone los terrenos a disposición de la Junta para construir la piscina y es el alcalde el responsable de pedir los permisos”, indicó Granados.

El dirigente popular lamentó, una vez más, la “impunidad” con la que un ayuntamiento socialista actúa “en clara connivencia con la Junta de Andalucía, capaz de hacer oídos sordos y cerrar los ojos ante un caso tan descarado de irregularidades en la construcción de la piscina”.